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La protesta no es un delito, ¡No a la Ley Mordaza en España!

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Lara Alcazar, femen spain

Lara Alcázar es conocida por ser líder y activista de FEMEN España. Con tan solo 21 años decidió crear la cede del grupo feminista en territorio español. Tras establecer contacto con la conocida activista de Ucraina, Inna Shevchenko, constituyó la organización en Mayo de 2013.  Bajo su liderazgo, FEMEN España ya ha sido protagonista de varias protestas públicas con gran repercusión en los medios de comunicación.

Actualmente FEMEN España muestra su desacuerdo con la Ley Mordaza aprobada hace un mes en el Congreso de los Diputados. Alcázar ha expuesto en una carta que FEMEN lucha contra esta ley al considerar que su punto de mira se centra en obstaculizar un derecho básico: el derecho de protesta de los ciudadanos.

 


Carta de Lara Alcázar contra la Ley Mordaza

En diciembre de 2014 era aprobada en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Seguridad Ciudadana propuesta por el Partido Popular, actual partido en el gobierno, en total soledad. La ley fue aprobada en el Congreso gracias a la mayoría absoluta que la deficiente ley electoral española concede. Todos los grupos parlamentarios mostraron su oposición no sólo votando en contra, sino también a lo largo de sus intervenciones parlamentarias.

La unilateralidad que caracteriza la propuesta y aprobación de esta ley es una muestra de los propósitos del gobierno por acallar cualquier tipo de disenso frente a su política no sólo de austeridad económica, sino también democrática. Los recortes que se vienen produciendo en el Estado Español responden en su mayoría a recortes en derechos, que evidentemente, atienden a recursos económicos si se traducen en prestaciones o servicios que el Estado ha de garantizar o prestar a la ciudadanía. Tales como la educación pública, la atención sanitaria, los derechos sexuales y reproductivos, o como en este caso derechos democráticos básicos, políticos y judiciales.

La Ley de Seguridad Ciudadana, es en realidad una revisión moderna de la Ley franquista de Orden Público, que establecía los delitos que buscaban subvertir los principios básicos del Estado dictatorial totalitario franquista. Delitos como la rebelión, los desórdenes públicos (derecho a la manifestación y la libre expresión), la propaganda ilegal (cualquier tipo de reunión, grupo o expresión de ideas diferentes a las del régimen de Franco). El Tribunal de Orden Público de Madrid operó desde el año 1963 hasta el 1977, que primeramente recibió el nombre de “Tribunal especial para la represión de la Masonería y el Comunismo”.

Esta Ley Mordaza es una legislación que opera para bien del gobierno, que busca curarse en salud antes y durante las elecciones que se avecinan, donde el número de manifestaciones y movilizaciones se incrementan en favor de un cambio de gobierno. Su prioridad uno es acallar todas estas actividades de pleno derecho ciudadano. De mano de la reforma del código penal que endurecerá lo que se refiere a faltas antes consideradas leves, elevándolas a faltas graves o muy graves, y descartando muchas faltas que antes de consideraban como tal para pasar a ser delito.

Esta ley es totalmente inconstitucional ya que pone en peligro muchos de los derechos básicos que sustentan un sistema democrático, tales como el derecho de reunión, el derecho a manifestación, el derecho a la libre expresión y el derecho a pertenecer a un grupo político. La Ley Mordaza volverá a normalizar ficheros ideológicos de activistas políticos y otorgará aún más poder a la policía, ya suficientemente protegida por el Estado.

La policía cuenta con poder suficiente, tanto que ni sus delitos, sus faltas, sus ataques o torturas, en algunos casos son si quiera denunciados por activistas o ciudadanos, dado que su testimonio es inmediatamente elevado a prueba por los jueces y fiscales.

Se produce una ampliación desmesurada de la concepción del orden publico que permite reprimir los movimientos y protestas ciudadanas, lo que implica una arbitrariedad policial digna de régimenes autoritarios. Una capacidad de intervención masiva policial como esta aplica criterios indeterminados a la hora de efectuar una detención, se actúa directamente sobre la libertad individual y se amplía el ámbito de actuación policial en función de supuestas infracciones administrativas que generan miedo y temor dentro de una sociedad ya empobrecida.

Las sanciones por vía administrativa merman el poder económico, y por ello supone un mecanismo totalitario capitalista que enmascara la imagen tradicional dictatorial a la que estamos acostumbrados. La sanción administrativa descarga en cierta manera al poder judicial, revierte en el sistema de gobierno sancionador, y los juicios son menores. El gasto en justicia para los ciudadanos disminuye, hay menos casos, y así, los ciudadanos son despojados del derecho a ser juzgados democráticamente.

Por ofrecer algunos ejemplos de las medidas que esta ley propone para eliminar la “amenaza activista”: Manifestarse en infraestructuras costará sanciones de hasta 600.000 euros, negarse a ser identificado por la policía hasta 30.000 euros, manifestarse sin notificarlo, realizar protestas delante del Congreso o cualquier organismo oficial, impedir un desahucio, resistirse a una detención (pacífica o violentamente) u ocupar una sucursal bancaria será también motivo de sanción económica de este calibre.

Para recurrir dichas sanciones habría de recurrir a la vía judicial administrativa, lo que conlleva tasas legales administrativas, que el anterior Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aumentó.

Sin embargo, no es de extrañar que el precursor de esta ley haya sido en actual Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, conocido por su cercanía a los sectores católicos más duros, y sus lazos familiares con el régimen franquista, por el que parece sufrir mucha nostalgia. Ya en 2012, Fernández Díaz, esbozaba en una conferencia en Barcelona sus ideas en cuanto a restringir los derechos de manifestación en un congreso, con una intervención bajo el título Violencia urbana: la intolerancia como expresión. En ella calificaba de incivismo incluso a los piquetes sindicales. Afirmaba que el sistema tenía que eliminar la presencia de los anti-sistema que viven y se alimentan del sistema por medio de respuestas coercitivas más eficaces. Puede que esta haya sido su inspiración para proponer la Ley Mordaza, que ahora mismo se encuentra en trámite en el Senado.

 

España: El Congreso aprueba la Ley Mordaza!

Piensas que los protestantes dejaran de manifestarse por las nuevas restricciones?

1. Fotografiar o grabar a la policia – 600 a 30.000€.2. Desovedienci pacífica a la autoridad – 600 a 30.000€.
3. Ocupar bancos como medio de protesta – 600 a 30.000€.
4. No formalizar una protesta – 600 a 30.000€.
5. La realización de asambleas o reuniones en espacios públicos – 100 a 600 €.
6. Impedir o detener un desahucio – 600 a 30.000€.
7. Por presencia en un espacio ocupado (no sólo los centros sociales, sino también casas ocupadas por familias desalojadas) – 100 a 600 €.
8. Existencia de listas negras policiales sobre manifestantes, activistas y prensa alternativa se han legalizado.
9. Reuniones o encuentros frente al Congreso – 600 a 30,000 €.
10. Apelar las multas en el Tribunal requiere el pago de los costes judiciales cuya cantidad depende de la multa.
11. Permite el control de identidad al azar, lo que permite la discriminación racial de los immigrantes y las minorías.
12. La policia ahora puede llevar a cabo redadas a su discreción, sin la necesidad de una orden que ha sido interrumpido.
13. Registros corporales externos ahora también estas autorizados a discreción de la policía.
14. El gobierno puede prohibir cualquier protesta.
15. Cualquier “infrastructura crítica” mal definida se considera una zona prohibida para las reuniones públicas en el caso que pudiese afectar a su funcionamiento.
16. También hay multas para las personas que escalan edificios y monumentos sin permiso (esto ha sido un método de protesta común, como el de Greenpeace).

 

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